La crisis financiera de Frigorífico General Pico adquirió un nuevo y preocupante matiz con la revelación de que la compañía transfirió cerca de $16.500 millones a LDL, una sociedad dedicada al negocio equino y vinculada directamente a los Lowenstein, en un período en el que el frigorífico ya mostraba signos evidentes de insolvencia. Esta información, surgida de los papeles del concurso preventivo que se sigue ante el juez Carlos María Iglesias, coloca en el centro de la escena el grave conflicto de intereses que atravesaba la gestión empresarial: quienes decidían el destino de los recursos del frigorífico eran al mismo tiempo propietarios de la firma receptora de los fondos.
Los documentos indican que durante ese lapso crítico, la empresa necesitaba con urgencia capital de trabajo para afrontar la compra de hacienda, mantener activas las líneas de faena y pagar los sueldos de sus empleados. A pesar de estas necesidades imperiosas, el dinero fue canalizado hacia LDL sin que se hubiera documentado un beneficio tangible para la empresa cárnica. Los proveedores, que confiaban en la palabra del frigorífico y extendían sus plazos de cobro, se vieron sorprendidos por esta maniobra, al igual que los bancos que aún mantenían líneas de crédito abiertas con la esperanza de una pronta recuperación.
La situación se complica aún más con la decisión de la última Asamblea de accionistas, que rechazó el balance del ejercicio cerrado en junio de 2025, desaprobó la gestión del Directorio saliente y dejó sin efecto una millonaria distribución de honorarios por $2.000 millones. Sin embargo, el relevo de autoridades aún no se ha concretado, y la nueva administración designada permanece a la espera de poder tomar el mando. Mientras tanto, la Justicia penal avanza en su investigación para determinar si el desvío de los $16.500 millones configura un ilícito penal que amerite sanciones ejemplares para los responsables.
