Ocurrió hace 25 años en Concordia, Entre Ríos. El tiempo transcurrido hasta que una de las familias decidió acudir a la justicia, sumado a la espera del resultado del ADN, resultó crucial para que ambas parejas rechazaran la restitución. A pesar de no ser sus hijos biológicos, los vínculos creados con los pequeños se habían vuelto inquebrantables.
La madrugada del 16 de agosto de 1999, María de los Ángeles había llegado con contracciones al hospital Felipe Heras de Concordia, Entre Ríos. Su pareja, César Rodríguez, un changarín de 18 años, la acompañaba. Con apenas 16 años, estaba punto de ser madre por primera vez. Ambos estaban convencidos de que se trataba de un varón. Sin embargo, tras el parto, se sorprendieron por completo.
“¡Acá está la nena!”, le dijo la enfermera a María de los Ángeles cuando le entregó a su bebé. “Yo pensé que era un varón”, le respondió la adolescente con un dejo de resignación. Una vez que asimilaron la noticia, decidieron llamarla Soledad. Pero el temor de que les hubieran dado a una criatura equivocada permaneció latente.
En una habitación cercana, María Griselda Camacho, de 26 años, vivía una confusión similar: el varón que sostenía en brazos no coincidía con el recuerdo fugaz que había tenido de su beba recién nacida. Al momento de elegir un nombre le pusieron Ángel Gabriel.
Desde el sector administrativo del hospital intentaron cubrir el malentendido. “Fue un problema de papeleo”, les dijeron. A las pocas horas, los registros de nacimiento ya habían sido corregidos, con borrones y enmiendas que más tarde se convertirían en la primera pista de una verdad aterradora.
Pasaron semanas, y luego meses. Adaptarse a la lactancia, las noches de insomnio, las primeras risas y el constante desafío de criar a un recién nacido crearon lazos inquebrantables entre las madres y sus hijos. Pero César era el padre que más dudaba. Esa mezcla de amor y desconcierto lo hizo convencer a María de recurrir a la justicia para que averiguara sobre un posible intercambio de bebés.
La pareja se presentó ante el Juzgado Número 1 de Concordia, a cargo de Martín Carbonell, quien tras escuchar el testimonio dio inicio a la investigación y encontró un error contundente. Las partidas de nacimiento de ese día tenían modificaciones evidentes, y el hospital no podía justificar cómo se habían alterado los documentos.
Fue así cómo el juez Carbonell solicitó una muestra de ADN de las criaturas y de sus padres para determinar si eran compatibles. Los resultados, que llegaron el 14 de septiembre de 2000, confirmaron lo que ambas familias temían: los niños había vivido los últimos 13 meses con los padres equivocados.
Los exámenes determinaron la “exclusión del vínculo biológico de maternidad entre ambos”. Pero haciendo un informe cruzado, se observó claramente compatibilidad de vínculo maternal entre Griselda Camacho y Soledad, y entre María y Ángel Gabriel.
“El principal problema es que ese día habían nacido cinco bebés en el hospital, así que también hubo que buscar a esas tres familias y hacerles el ADN correspondiente para descartar otros posibles errores”, precisó a Infobae el abogado Alejandro María Giorgio, que en ese momento representó a César y a María.
A la familia que le dieron la nena fue la que dudó y recurrió a la justicia para que investigara sobre un posible intercambio de bebés (Imagen Ilustrativa Infobae)
“Hubo que juntar a todos, sacarles sangres. Fue algo impresionante, casi telenovelesco”, describió Giorgio sobre “el horror” cometido por la enfermera. “Toda esa diligencia judicial tardó aproximadamente 4 meses, por lo que los niños ya tenían casi un año y medio y ya había formado vínculos afectivos importantes con sus padres de crianza”, recordó.
Mientras los pequeños Soledad y Ángel Gabriel crecían sin advertir la gravedad de lo ocurrido, ambas familias aceptaron recibir apoyo psicológico para que afrontar lo que se venía: que cada niño volviera con sus padres biológicos. Pero no fue una decisión sencilla de tomar.
Mientras que César quería retomar el vínculo con su hijo, a María la invadía un sentimiento de culpa constante. “¿Qué clase de madre soy que no puede reclamar lo que es suyo?”, se cuestionaba una y otra vez.
Tras la intervención del Ministerio Pupilar de Entre Ríos, ambas familias iniciaron un fallido proceso de revinculación. “Estamos hablando de gente de bajos recursos, tanto mis clientes como la otra pareja. La familia de Ángel Gabriel vivía en el campo, el hombre era peón y se le dificultaba movilizarse hasta Concordia para hacer la terapia. Después no enteramos de que cayó preso y la mamá dejó de asistir”, recordó Giorgio.
Para ese entonces, ya habían pasado casi dos años y los chicos seguían creciendo junto a sus padres no biológicos. Habían aprendido a hablar y a caminar, ya habían dejado los pañales y la conexión que cada familia había logrado con esos niños era imposible borrar de un día para el otro. Y mucho menos desprenderse de ellos.
El caso fue investigado por el Juzgado Número 1 de Concordia, que determinó que hubo cambio de bebés y ordenó la revinculación de los niños con sus familias biológicas
Finalmente, ninguna de las dos parejas quiso la restitución pero demandaron civilmente al Estado para obtener algún resarcimiento económico, ya que ambas vivían en una situación vulnerable. “Nos desentendimos de la parte penal y presentamos un reclamo por daños y perjuicios. Se comprobó que hubo negligencia, pero no se encontró un dolo. La realidad es que los médicos que estuvieron en el parto no controlaron ni firmaron la planilla. Fue la enfermera la que metió la pata”, admitió Giorgio.
En el juicio civil, las dos parejas pidieron un resarcimiento de cien mil pesos para cada una. Y el primer fallo correspondió a la demanda presentada por María y César. La jueza en lo Civil y Comercial Nº 3 de Concordia, Mónica Pelayo de Dri, condenó al gobierno provincial por los errores cometidos en el hospital Felipe Heras de Concordia, pero determinó pagarles apenas del 10% de lo reclamado.
“Los padres biológicos de Ángel Gabriel no se avinieron al cambio (de chicos), admitiendo que su hijo continúe viviendo con la familia Camacho en desmedro de la relación paterno-filial, y de la identidad y de la salud psíquica de su primogénito”, explicó la jueza sobre su decisión de que el monto sea apenas de $10.000.
“Fue un monto irrisorio para aquel entonces. Yo me propuse apelar, pero después la pareja se mudó de Concordia y nunca más volvió al estudio para continuar con la demanda”, aseguró Giorgio. “Fue un caso inédito en nuestro país, no hay registro de que haya sucedido algo así. Incluso tuvo mucha repercusión a nivel mundial, ya que vinieron de varios medios internacionales a entrevistarme en ese momento”, recordó el abogado.
Tras una fallida revinculación de los bebés con sus padres biológicos, los menores quedaron al cuidado de sus padres de crianza (Imagen Ilustrativa Infobae)
“Esta historia terminó así porque ambas parejas eran muy pobres y sin preparación. Vivían prácticamente en la miseria y tampoco contaban con los medios para movilizarse y completar la terapia psicológica”, enfatizó Giorgio.
Y agregó: “También les jugó en contra que en aquella época un estudio de ADN tardaba seis meses, no como ahora que lo tenés en una semana. El tiempo que pasó fue muy valioso para que tomaran esa decisión. Es algo difícil de entender y de juzgar”.
A 25 años de lo ocurrido, cada pareja continúa con la guarda del hijo de los otros. Hoy, la incógnita radica en si Soledad y Ángel Gabriel saben cuál es su verdadera historia.
