En el marco de la investigación por las extorsiones vinculadas al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, una de las acusadas se desempeñaba en el Municipio de Morón. Tras su detención y su incorporación formal a la causa, las autoridades dispusieron su cesantía del cargo que ocupaba en la administración local.
Se trata de Karen Yael Cufré, quien trabajaba en el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad de Morón hasta su detención. La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas y luego ratificada por el propio municipio a través de un comunicado oficial.
Desde el Ejecutivo local señalaron que Cufré había sido incorporada en 2025 como personal temporario, “conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso, tal como se le solicitara”. Sin embargo, tras el avance de la investigación por la muerte del granadero Gómez y la confirmación de que integraba la banda acusada de extorsionar a la víctima, se dispuso su “cesantía inmediata”.
De acuerdo al comunicado, la desvinculación se concretó semanas atrás —a comienzos de febrero— aunque la noticia trascendió recién en las últimas horas. En el mismo texto, el Municipio de Morón aseguró que “ratifica su plena colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de la causa”.
La causa judicial apunta a una organización que operaba desde unidades penitenciarias bonaerenses. Según la pesquisa, la banda era liderada por dos hombres alojados en la Unidad N°36 de Magdalena, junto a otro interno de la Unidad N°26 de Lisandro Olmos, y contaba con la participación de cuatro mujeres.
A todos los imputados se les atribuye haber integrado, con distintos grados de responsabilidad, una asociación criminal que actuaba de manera organizada y habitual para obtener dinero mediante intimidaciones, simulación de autoridad pública e invocación de órdenes falsas. También se les imputan al menos tres hechos de extorsión. En el caso de los presuntos cabecillas, la acusación incluye la instigación al suicidio de Gómez.
Según surge del expediente, la modalidad consistía en crear perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas —entre ellas Evermatch— para contactar a las víctimas y proponerles continuar la conversación por WhatsApp. Luego, desde el número de la supuesta joven, enviaban un audio de quien decía ser su madre, advirtiendo que la chica era menor de edad y que formularía una denuncia penal.
Posteriormente, un hombre se comunicaba haciéndose pasar por efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires —usurpando identidad— y les informaba que la denuncia estaba en trámite. Bajo ese pretexto, exigía una transferencia de dinero para “ayudar a solucionar la situación” y evitar consecuencias judiciales.
En el caso que tuvo como víctima al soldado Rodrigo Gómez, el 15 de diciembre pasado fue obligado a transferir $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago. Días después, el joven se suicidó en el interior de la Quinta de Olivos, hecho que dio inicio a una investigación que ahora tiene a siete personas detenidas y a la Justicia avanzando sobre una trama de extorsiones que operaba desde la cárcel.
